Con la ley de reforma sanitaria aprobada en su día y que se va aplicando progresivamente, se exige que los seguros médicos financiados en parte con ayudas públicas incluyan la contracepción, la píldora del día después y la esterilización. En ese caso se encuentran los seguros que los empleadores ofrecen a su plantilla, por los que se benefician de importantes deducciones de impuestos. Los que no estén de acuerdo se ven en la alternativa de facilitar unos servicios contrarios a sus convicciones o perder las deducciones fiscales, con peligro para sus balances.
El reglamento se anunció el pasado agosto y, para calmar los ánimos, el Ministerio de Sanidad presentó una exención para una curiosa categoría de “empleadores religiosos”: la de aquellas organizaciones religiosas que proveen servicios directamente a miembros de su propia confesión y que tienen como único objetivo la enseñanza de valores religiosos.
Esta categoría recién creada fue considerada demasiado restrictiva por escuelas, hospitales y organizaciones benéficas de inspiración religiosa –sobre todo, católicas–, que se dedican a una gama de actividades más amplia que la enseñanza religiosa.
Al ver que sus derechos a la libertad religiosa y a la objeción de conciencia iban a quedar desprotegidos, se quejaron al Ministerio de Sanidad y pidieron que ampliara la escuálida cláusula de conciencia que acababa de crear.
El 21 de enero pasado fue cuando el Ministerio de Sanidad de EE.UU. se descolgó con su flamante nuevo reglamento. En vez dar facilidades a instituciones dedicadas a trabajar por el bien común, esta norma tiene la habilidad de crearles problemas en el sitio más delicado donde podía creárselos: la intimidad de la conciencia.
La norma entrará en vigor el 1 de agosto. Pero, por cortesía del gobierno, las instituciones de inspiración religiosa tendrán un año más de plazo. “Este año adicional –explica la responsable de Sanidad, Kathleen Sebelius– concederá a estas organizaciones más tiempo y más flexibilidad para que se adapten a la nueva regulación”.
Pero Sebelius y la Casa Blanca saben, porque esas organizaciones ya fueron en su día a pedirles que extendieran la cláusula de conciencia, que el problema no se reduce a poner a punto unos “modos de hacer”.
De ahí que Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York y presidente de la Conferencia Episcopal de EE.UU., se haya plantado con frase gráfica: “Tenemos doce meses por delante para aprender a violar nuestras conciencias”, escribe en unartículo publicado en The Wall Street Journal.
Otros han interpretado la graciosa concesión del plazo de un año en clave política: el aplazamiento, dicen, parece obedecer al deseo de evitar la confrontación entre el gobierno de Obama y los obispos de EE.UU. precisamente en tiempo de elecciones.
Obama ha dado una última vuelta de tuerca a su agenda: ahora las ideas radicales se imponen; también contra la conciencia. Atrás quedan los días en que el inclusivo senador de Illinois proclamaba con mirada de I have a dream: “Los laicistas se equivocan cuando piden a los creyentes que dejen su religión a la puerta antes de entrar en la esfera pública”.
Esto lo dijo en 2006. Han pasado los años. Y ahora que muchos de los que tenían sueños en la época de Martin Luther King parecen haberlos cumplidos, no estaría de más que los católicos también pudieran ver cumplidas sus aspiraciones a que se respeten sus derechos a la libertad religiosa y a la objeción de conciencia.
